En los inicios de la dictadura franquista hubo una disciplina médica que se posicionó junto al poder, constituyendo uno de sus más leales apoyos ideológicos y represivos. Me refiero a la Psiquiatría, que de la mano de psiquiatras como Vallejo-Nájera o López Ibor, argumentaba que los “rojos” (entiéndase por rojos a todo el que no comulgaba con las ideas del régimen) eran unos psicópatas antisociales, enfermos mentales y degeneradores de la raza hispánica, y por tanto había que defenderse de ellos, creando un cordón sanitario que salvara a los sanos “españoles de bien”.
En esta situación, aquellos enfermos mentales crearon un totum revolutum, donde además de los pacientes reales, tenían cabida los desafectos al régimen, los homosexuales, las madres solteras, los ateos, los masones, y un largo etcétera.
Para alejarlos de la sociedad y estudiar sus supuestas patologías se crearon manicomios, que en realidad eran cárceles opresivas en las cuales se les acallaba con contenciones físicas o químicas, donde se les encerraba durante años, incluso hasta su muerte por mínimas alteraciones de conducta.
Esta situación infernal fue suavizándose lentamente en las siguientes décadas, y ya en los años 70, y de la mano de las ideas del movimiento de la antipsiquiatría y los nuevos aires de libertad que ya se vislumbraban, una serie de psiquiatras (Castilla del Pino, González Duro, etc.) comenzaron a repensar el papel de la psiquiatría, a abrir las puertas de los manicomios y a negarse a ser agentes de la represión.
En Andalucía, no fue hasta 1984 cuando su Parlamento aprobó la pionera ley de reforma de la psiquiatría andaluza, que comenzó con el cierre de los manicomios y con el abordaje de la enfermedad mental desde una perspectiva social que debería reintegrar a la sociedad a los enfermos mentales. Para ello comenzaron a crearse una serie de dispositivos comunitarios que atenderían la salud de estos pacientes: unidades de agudos en hospitales del SAS, Centros de día, pisos tutelados, comunidades terapéuticas y específicos servicios sociales y planes para acercar a la sociedad al conocimiento de estas enfermedades, consiguiendo así la desaparición de la estigmatización y marginación, así como el reconocimiento de los derechos humanos y sociales de los afectados.
Sin embargo, este camino que se empezó a recorrer con gran ilusión por parte de profesionales, pacientes y familiares no ha sido de rosas e incluso hoy día asistimos a un retroceso.
En 2013 el Defensor del Pueblo Andaluz emitió un informe (“La situación de los enfermos mentales en Andalucía”) donde recoge los principales retos y problemas a que se enfrenta el futuro de la reforma como son:
- La insuficiente dotación de dispositivos de media y larga estancia, rehabilitación y atención psicosocial, agravada por la crisis económica con la consiguiente escasez de recursos para atender a los 75.000 enfermos mentales graves que hay en Andalucía.
- La descoordinación entre los distintos niveles asistenciales (sobre todo con atención primaria)
- La persistencia del estigma social de la enfermedad mental y el consecuente desamparo de los enfermos y sus familias.
La conjunción de todos estos factores ha provocado que en demasiadas ocasiones el sistema sanitario vaya desplazando cada vez más la responsabilidad de la asistencia a los pacientes hacia los familiares-cuidadores que se ven desbordados por la complejidad y desconocimiento del problema, lo que supone que el paciente acabe desatendido en la calle o ingresado en una cárcel (actualmente hay encarcelados en Andalucía casi 1.500 enfermos mentales graves, en su mayoría por la inexistencia de recursos comunitarios para su atención).
Esta situación se agravará sin duda si sale adelante la reforma del Código Penal que permitirá que personas con enfermedad mental puedan ir a la cárcel por su condición de “peligrosidad” aunque no hayan cometido ningún delito, donde permanecerán en tanto sigan siendo peligrosos según decida un Juez.
Como dice textualmente el referido informe del Defensor del Pueblo: "La reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado… Hubo un antes y un después, que nadie puede negar. Sin embargo, la implantación progresiva se ha demorado y, hoy, se encuentra casi paralizada por los efectos de la crisis. La pandemia de siglo XXI, como definió la OMS a la enfermedad mental, ya está aquí. Y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo”.
Confío que la evolución o involución futura del proceso no resucite a Vallejo-Nájera para volver a poner en vigor la “Ley de Vagos y Maleantes”.
MANUEL GUARDIA
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