PATENTE DE CORSO

En el siglo XVII España y Gran Bretaña se disputaban el control de los mares  y de las nuevas tierras descubiertas. Una de las formas en que se disputó esta contienda consistía en fletar barcos privados que recorrieran el mundo destruyendo los bienes y posesiones del enemigo; eran los llamados corsarios que para llevar a cabo su trabajo, disponían de una autorización firmada por los gobernantes de turno, la llamada patente de corso.

Son cosas de la historia pasada que hoy,  en unas sociedades cultas y desarrolladas serían impensables….¿o no?. Veamos:

En España hoy día el gasto sanitario público asciende al 6,2% del PIB, cifra baja comparada con otros países de nuestro entorno; sin embargo, el gasto farmacéutico (según estudio publicado por el EAE Business School) es alto en comparación con el resto de Europa (1,2% del PIB frente a 0.88 de media europea). En concreto este estudio nos indica que el gasto farmacéutico fue en 2013 de 12.300 millones de euros, y aunque en comparación con el año anterior, el gasto farmacéutico público bajó un 6%, el gasto farmacéutico privado aumentó un 10%, en consonancia con las tendencias privatizadoras del sistema. Y, ¿porqué gastamos tantos en fármacos?, algunos lo explican porque al ser el sistema gratuito los usuarios abusan del mismo. Aunque fuera verdad, ello solo explica una mínima parte del aumento del gasto. Las causas hay que buscarlas en otra parte.

Los beneficios de las grandes multinacionales farmacéuticas ascienden a un 17% anual, cuando en EEUU la media de las 500 mejores empresas obtienen unos beneficios anuales de media del 5%. ¿A qué se debe estas espectaculares cuentas de resultados en un sistema sujeto a las leyes de oferta y demanda?, pues evidentemente, a que son empresas no sujetas a estas leyes de mercado; se comportan como monopolios que venden productos que solo ellos fabrican y que el resto obligatoriamente debemos comprar. Para ellos el mercado no funciona porque tienen un arma poderosísima en sus manos, la dichosa patente de corso, por la que fijan los precios de sus fármacos unilateralmente sin apenas oposición de los obligados compradores. 

Ponen la excusa en los enormes gastos que tienen que sufragar en la investigación de nuevos fármacos, y sin embargo hay Estados que se han atrevido a fabricar sus propios medicamentos y a precios muchísimo más bajos. Además no hablan de los enormes gastos en estrategias muy agresivas de publicidad (según algunos estudios, el presupuesto anual de las grandes compañías se divide en un 13% en investigación y un 30-35% en marketing para promocionar un nuevo fármaco). Y por si fuera poco, la mayoría de esos nuevos y carísimos fármacos no aportan mejoras a la salud, como dice Marcia Angell, profesora de Salud Pública de la Universidad de Harvard: “Por increíble que parezca, sólo unas pocas drogas importantes han aparecido en el mercado en los últimos años, y estas provenían en su mayoría de investigaciones realizadas en instituciones académicas, pequeñas compañías biotecnológicas, o de centros públicos de investigación como el NIH (National Institutes of Health) en Estados Unidos”.

Estas “patentes de corso” están asumidas por la mayoría de los Estados, que en sus leyes protegen a estas compañías otorgándoles permiso para prácticas monopolísticas durante 20 años por cada nuevo medicamento comercializado, debiendo entonces negociar la financiación pública del mismo en condiciones de inferioridad y aceptando precios muchas veces inasumibles por los Sistemas Sanitarios. El ejemplo más reciente es la negociación de los Estados con la compañía fabricante del nuevo medicamento contra la hepatitis C que en España van a costarnos unos 25.000 euros por paciente cuando en Egipto donde se ha desarrollado un fármaco similar genérico  va a costar unos 600 euros.

Hay múltiples fórmulas para abaratar el precio de los fármacos, incluso algunas tan imaginativas como la propuesta por Dean Baker, economista de California, que asegura que si en vez de tratar a los afectados de hepatitis C, se les pagara a ellos y sus familias un viaje a Egipto para comprar el fármaco allí, California se ahorraría 7.000 millones de dólares. Sin llegar a estos extremos, repito, hay otras formas de hacer los fármacos más asequibles, pero todas ellas pasan por la principal, modificar las leyes de patentes.

Este debe de ser el primer paso para que la industria farmacéutica deje de tener “patente de corso”,   y la piratería deje de campar por sus respetos en los mares de la salud de todos.

MANUEL GUARDIA